Desokupa, el polémico comando de boxeadores que desaloja pisos usando la ley

Desokupa. Compañía especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y ​​sin contrato de alquiler, métodos legales, en menos de 72 h recuperamos la casa, a toda la península. Eficacia en más del 90 por ciento de los casos”

Así se anunciaba hasta hace poco la compañía Desokupa en el portal milanuncios.com. Ya no lo precisa por el hecho de que están desbordados. “Antes recibía cinco llamadas por semana. Ahora son quince al día. Tenemos mucho trabajo”, asevera Daniel Esteve, directivo de la compañía más polémica que ha surgido recientemente en nuestro estado. Sus clientes son propietarios de viviendas ocupadas que, desesperados por la lentitud de la justicia, optan por contratar a estos comandos de boxeadores con el fin de que expulsen a los indeseados inquilinos. Lo novedoso del tema, y lo que lo transforma en un fenómeno social, es que todo es legal. Al menos hasta la fecha. [España se llena de ‘comandos desokupa’: “Se ha metido mucha gente y es un descontrol”] Desokupa está sabiendo explotar las zonas grises de la ley para devolver a los propietarios sus viviendas ocupadas sin terminar en los tribunales. Si bien son ya múltiples las entidades sociales que han anunciado demandas y denuncias criminales por amenazas, coacciones, desalojos extrajudiciales y violación de derechos primordiales. Sus detractores van más allá y apuntan que algunos integrantes de los comandos pertenecen a entornos neonazis y además a la milicia ultranacionalista serbia. Por el instante, Desokupa opera casi en única en la provincia de Barcelona, aún cuando ya ha visitado La capital española y no descarta extender su perímetro de actuación.

“Nuestro formato es montar un control de acceso a una propiedad privada a través de un contrato firmado con el propietario”, revela el jefe de Desokupa “Nosotros no entramos en las viviendas ni arrastramos a la gente a la calle”, se defiende Esteve.

“Nuestro formato es montar un control de acceso a una propiedad privada por medio de un contrato firmado con el propietario. El cliente nos ha de probar que es propietario de este inmueble y que ha sido ocupado por la fuerza. Comprobado esto, nos aproximamos a la residencia con las escrituras en la mano, muchísimas veces al lado de propietario, y negociamos la salida de los okupas. Si no se avienen a negociar, entonces instalamos un activo de control de acceso a esta residencia con numerosos integrantes, todos con titulación en control de acceso, y nos limitamos a controlar la entrada las 24 horas. Esto les provoca tal incomodidad que, al final, acceden a negociar una compensación económica por su marcha, bajo la sugerencia de que, si un día la morada se queda vacía, no van a poder volver a entrar y se irán a la calle por cero euros. Si en algún instante la situación se tensa, llamamos a la policía, jamás utilizamos la fuerza”. Componentes de Desokupa impiden el paso al edificio de Can Dimoni en Barcelona. Un componente de Desokupa impide el paso a los vecinos en la calle de la Cera, Barcelona. (Asamblea del Raval) Es indudable que los okupas no acceden a irse dócilmente por el hecho de que alguien se lo pida con buenas palabras. La visión delante de la puerta de un puñado de hombres musculados con rostro amenazante, especialistas todos en boxeo y artes marciales y bregados en 1000 reyertas, es un elemento de disuasión primordial. Esto y la capacidad negociadora de Esteve, que ha sido jefe de seguridad durante 25 años y conoce este lenguaje que transita entre la sugerencia y la amenaza. “Nunca entramos en una casa y jamás ponemos una mano encima a ninguna persona. El triunfo se fundamenta en tener mucha mano izquierda y usar la ley a nuestro favor. Parece fácil pero el trabajo es muy dificultoso. Si no, lo haría cualquiera”, está diciendo con orgullo el ideólogo del negocio, que ha desalojado casi 80 viviendas en un año. Su tarifa oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros dependiendo de la complejidad del activo.

Conforme Desokupa, el 95% de los casos se resuelven con triunfo y casi todos en menos de una hora. El único inconveniente, afirman, es este otro 5%. Concretamente, cuatro casos que han hecho saltar todas las alarmas en diferentes entidades sociales de Barcelona.

Una de ellas es el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Divulgativos (DESC), que ha interpuesto una denuncia criminal en contra de Desokupa por el desalojo del edificio conocido como Can Dimoni, un inmueble histórico del barrio de Gracia, habitado desde hace un año por un grupo de jóvenes que pertenecen al movimiento okupa. Conforme Desokupa, el 95% de los casos se resuelven con triunfo. Pero este otro 5% ha hecho saltar todas las alarmas en diferentes entidades sociales de Barcelona “El observatorio emprende acciones judiciales cuando hay una vulneración de derechos humanos, y esta compañía lleva tiempo vulnerando el derecho a la vivienda”, señala Irene Escorihuela, directora de la entidad. “Solo un juez puede ordenar o acelerar el desalojo de una morada. Tampoco es legal poner guardias frente a portales, ni allanar moradas, ni muchísimo menos conminar y coaccionar a personas. Absolutamente nadie puede actuar extrajudicialmente, y también en el caso de Can Dimoni está muy documentado que estos actos delictivos se produjeron”, prosigue Escorihuela. Y advierte: “No debemos olvidar que en Barcelona sigue habiendo una enorme necesidad de residencia y gente sin recursos que no puede acceder a ella, y el surgimiento de esta clase de corporaciones es una amenaza social”. Imagen de la fachada centenaria de Can Dimoni, hoy tapiada. (Elpratllibertari.cat)Momento del desaolojo de Can Dimoni, uno de los operativos más polémicos de Desokupa. (Btv) Germán Plaza, abogado de Desokupa, asegura no tener constancia todavía de esta denuncia criminal, ni tampoco del puñado de demandas que les han prometido: “Tengo el expediente virgen, no nos ha llegado nada”. Argumenta que Desokupa se limita a exprimir la ley para asistir a los legítimos propietarios a recuperar sus viviendas. “Nunca se participa en desahucios por impago de alquiler o de hipoteca, esta es la línea roja. Se actúa en ocupaciones por la fuerza, moradas donde alguien ha entrado echando la puerta abajo y también en ocasiones amenazando de muerte a la propiedad. Charlamos de este género de gente. Me asombra que las entidades sociales se pongan del lado del infractor en lugar de posicionarse a favor de las víctimas, la gran mayoría de ellas familias que han abonado esta casa con los ahorros de toda una vida y ahora viven el calvario de tenerla ocupada”, considera el abogado. “Sorprende que las entidades se pongan del lado del infractor y no de las víctimas, la gran mayoría familias que viven un calvario”, afirma el abogado de Desokupa “Estamos ayudando a personas, no a especuladores ni a fondos de inversión como nos acusan por ahí”, le secunda Esteve, que cifra en un 70% los clientes particulares por un 30% de compañías. “Es más, en la gran mayoría de casos no solo contamos con el beneplácito de la propiedad, sino de toda la comunidad de vecinos. Hay comunidades que viven genuinos infiernos. Como el caso de unos okupas que se habían adueñado de toda la calle, que meaban en la escalera, amenazaban, acosaban a las chicas. Resolvimos el dilema pacíficamente y ahora en esta calle charlan genialidades de nosotros”.

El directivo de Desokupa se refiere a las mafias de ocupadores profesionales que proliferan a lo ancho de la península, muy principalmente en Cataluña. Identifican una residencia vacía o una promoción residencial a medio vender para instalarse en ella a cambio de un rescate. “Rompen la cerradura, ponen un colchón en el suelo y cuando el propietario llega le están diciendo ‘si deseas que me vaya dame 50.000 euros, mientras que no lo hagas no aparezcas o te cortamos el cuello'”, cuenta Esteve parafraseando a uno de los okupas que logró desalojar. “Era una familia gitana y los saqué amistosamente por una cantidad ridícula. Este lugar tenía 65 actuaciones policiales y un homicidio, y nosotros acabamos con el inconveniente en 45 minutos y con el director de policía delante. Les abonamos lo pactado más los 400 euros del camión de mudanzas y se marcharon encantados”.

Vecinos en pie de guerra

No tan encantada está la Asamblea del Raval, el órgano vecinal de este mítico barrio barcelonés. La asamblea es la primera entidad en declararle la guerra a Desokupa, tras presenciar dos casos que considera “de extrema gravedad”. “Por mucha excusa legal que estén buscando, aquí en el barrio han demostrado que esto de respetar la ley es solo ‘marketing'”, afirma Iñaki García, importante componente de la asamblea. “Nosotros hemos visto de qué forma se han plantado frente a un portal e impedido el acceso a la escalera de vecinos, cuando el propietario que los contrató solo es dueño de un piso. Pero aún cuando lo fuera de todo el edificio, esto es ilegal. Solo un funcionario puede impedir el acceso a una casa y con una razón de peso. Por no charlar de colocar una alarma e instalar una puerta blindada, como hace esta compañía. Es flagrante”.

Efectivamente, si la morada ocupada se halla en este instante vacía, el propietario, presente en el operarivo, autoriza a un cerrajero a cambiar la cerradura y ulteriormente instalar una puerta blindada, mientras que los integrantes de Desokupa se encargan de controlar la seguridad. “Si tú mismo eres el propietario y no existe ningún contrato de arrendamiento en esta casa, que ha sido okupada sin tu consentimiento, ¿por qué no habría de ser legal cambiar una puerta e instalar una alarma?”, se pregunta Plaza. Una madre y su hija de 18 años, residentes en Pacs del Penedés (Barcelona) lo comprobaron en primera persona al regresar a su domicilio el 9 de septiembre. Ya con la cerradura cambiada, Esteve y un pequeño comando de tres controladores de acceso las invitaron a recoger sus pertenencias y irse. La chica asegura haber interpuesto una demanda por allanamiento de vivienda y desalojo extrajudicial. Desokupa argumenta que las dos chicas okuparon el piso a la fuerza (las afectadas aceptan haber entrado en la casa tras que Bankia ejecutara el desahucio por impago de hipoteca) y que por lo tanto solo su legítimo propietario tiene derechos sobre la misma. José Ángel Gallegos, abogado de las dos chicas desalojadas en Pacs del Penedès y conocido activista antidesahucios, confirma en un artículo explicativo: “La ocupación de viviendas no es un crimen. Solo en algunos raros y excepcionales casos puede llegar a serlo”, aún cuando “hasta la última reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal era en la práctica irrealizable encontrar a alguien que hubiera sido condenado”. Allanar una residencia, si bien sea el propietario quien lo haga, es conforme Gallegos completamente ilegal. “Con el acto delictivo de allanamiento de casa se protege la condición de habitante de un piso con independencia de la relación posesoria del individuo con la casa. Por tanto, es independiente que tenga la morada con título o sin título, o dicho más claramente que sea propietario, inquilino u okupa, pues no se le protege por esto sino por ser habitante”.
placeholderEl propietario autoriza a un cerrajero a cambiar la cerradura en la casa de Pacs de Penedès. (Desokupa)
El propietario autoriza a un cerrajero a cambiar la cerradura en la residencia de Pacs de Penedès. (Desokupa)

“Aquí se corre el riesgo de delegar funciones propias del Estado en una compañía de porteros de discoteca”, sentencia Antoni Salas, vecino del barrio del Raval presente en uno de los dos casos de desalojo que han puesto en pie de guerra el barrio. Concretamente, el de una familia filipina que ocupaba dos pisos en el número 15 de la calle de la Cera. “Esta corporación no negocia, tuerce voluntades. No hace falta pegar para provocar terror. La prueba es esta familia filipina. La chica, madre de dos hijos, cambió de opinión sobre abandonar el piso cuando vio que en la calle había 30 personas apoyándola y agentes de policía. No paraba de llorar preguntándose dónde iba a dormir esta noche. Y esto es por el hecho de que antes había padecido una presión intolerable para marcharse”, prosigue Salas. Ningún agraviado por Desokupa ha querido charlar para este reportaje.
Empleados en el punto de mira

A Desokupa le ha surgido además una campaña social en contra: STOPDESOKUPA. Su objetivo es “visibilizar y combatir la contratación de matones por los propietarios especuladores, quienes para lograr sus intereses económicos pasan por encima de los derechos y las necesidades de las personas, contratando a asesinos que utilizan la intimidación y la fuerza para echar a la gente de su casa”. Contactados por este periódico, los responsables de la campaña insistieron en permanecer en el anonimato, pero afirmaron: “Por mucho que el señor Esteve diga que tienen triunfo echando a la personas, es mentira, nos habríamos enterado del 90% de los casos que anuncia en Barcelona. Estamos hablando de una gente que cobra por violar domicilios de personas en situación irregular a base de conminar, coaccionar y vandalizar las viviendas donde actúan”.

El fundador de Desokupa tuerce el gesto delante de las acusaciones y garantiza “comenzar a demandar a todos estos que nos calumnian y difaman. Esto de llamar asesinos, matones y fascistas a mis empleados se va a terminar”. Efectivamente, uno de los puntos más polémicos del negocio son sus operarios, todos genuinos forzudos, usuales de clubs de boxeo y de artes marciales mixtas (MMA). Los críticos han incluso identificado a numerosos de ellos, centrando el tiro particularmente en dos: Ernesto Navas, conocido como Perro de Pelea y poseedor de un tatuaje con el nombre de Rudolf Hess en su vientre, y Jivko Ivanov, asociado a la guerrilla ultranacionalista serbia e incorporado, conforme estas informaciones, en la asociación armada búlgara Alba Ortodoxa.

“Conmigo puede trabajar ese que a día de hoy no tenga antecedentes penales y tenga la titulación de control de acceso. A partir de ahí, yo hago mi propia selección”, aclara Esteve, que dispone de una bolsa de más de 50 trabajadores, 12 de ellos en plantilla. “En Can Dimoni nos quisieron agredir casi 60 encapuchados con cadenas y he tenido que llamar a los Mossos d’Esquadra. ¿Que algún empleado ha tenido antecedentes? Pues sí, solo faltaría que por esta razón alguien no tenga derecho a volver a trabajar o a montar un negocio”, prosigue Esteve, antes de denunciar: “Estamos siendo víctimas de una campaña política por grupos de extrema izquierda. En Can Dimoni, el edil de la CUP se dedicó a dar un abrazo y dar besos a los encapuchados mientras que a nosotros, que íbamos con la cara descubierta, nos grababa con un teléfono móvil”. Desde la Asamblea del Raval avisan: ya han organizado un sistema de alerta vecinal para eludir el siguiente desalojo de Desokupa, igual que hizo con triunfo un grupo de vecinos en el distrito de Horta el pasado 22 de septiembre. Pero a Esteve no le preocupa: “Mientras exista la Ley de la Propiedad Privada y corporaciones que puedan prestar un servicio a la propiedad, seguiremos acudiendo allí donde nos llamen”.

Fecha: 2/10/2016
Artículo de David Brunat
Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-02/desokupa-comando-boxeadores-desaloja-usando-ley_1268872/

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