Las fotos que yo quemo

Noticia de La Marea (Ver noticia original)

Pues voy a salir a quemar una foto de los reyes de España. Y una de Franco, de paso, que seguro que molesta a más gente que le dé candela al dictador que al rey. Y quizás me acerque hasta el Valle de los Caídos a quemarlas, sí, ¿por qué no? Voy a quemar esa en la que salen Juan Carlos I, Felipe VI de niño y el dictador Franco, y así me ahorro en impresiones, que no está la cosa para grandes gastos. Oye, y además voy a quemar esa en la que salen Juan Carlos I y Sofía con el dictador Rafael Videla, qué bonita amistad esa que existió entre el monarca y el criminal de los vuelos de la muerte y las desapariciones.

A propósito, y alargándome con la impresora, ¿cómo quemar la foto de los reyes con Videla y no aquella que salen con el sangriento Pinochet de las
torturas? Al fuego con ella, también. A propósito. A los que quieran multarme, un par de avisos:

UNO. Me ampara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha decretado por unanimidad que quemar una foto de los reyes de España es libertad de expresión, y no delito de odio, injurias a la Corona ni demás zarandajas. El TEDH responde así a una condena que la Audiencia Nacional impuso a dos catalanes, hace 10 años, por quemar una foto de los reyes Juan Carlos I y Sofía. Dicha condena fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Dice ahora el TEDH: “La puesta en escena orquestada, aunque dio lugar a la quema de imagen de los monarcas, es una forma de expresión de una opinión en el contexto de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la monarquía”.

DOS. Conste que no estoy llamando a que otros lo hagan, conste que ustedes no me han visto hacerlo y conste que esta publicación no tiene nada que ver con mi decisión, y si publico esta nota es porque también respeta la libertad de expresión. En cuanto al detalle de “la puesta en escena orquestada”, nadie tema. Lo será.

Ahora, tomada ya mi decisión y encendida la impresora, una mínima reflexión: ¿A la altura de qué bota quedan ahora la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y, en general, la Justicia española? ¿Quién nos ampara en nuestro propio país?

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